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| TRIBUNA PUBLICADA EN LOS DIARIOS DEL GRUPO JOLY EL 24 DE ABRIL DE 2013 |
Actualidad sobre el derecho, propiedad intelectual, industrial e inmobiliaria. Urbanismo, medio ambiente, patentes y marcas. Ciencias Políticas y economía. Una herramienta de comunicación y opinión de nuestro despacho con el mundo. Estamos en Avenida Reyes Católicos, 11, 1º oficina 3 41001 Sevilla. info@leylocal.com
miércoles, 24 de abril de 2013
lunes, 22 de abril de 2013
jueves, 11 de abril de 2013
LOS GUARDIANES DE LA PROPIEDAD
Sobre la función social del derecho constitucional de propiedad privada en el Decreto Ley de acceso a la vivienda de la Junta de Andalucía.
El Decreto Ley sobre el derecho a la vivienda de la Junta de
Andalucía nos sirve un debate jurídico de primera magnitud, que obliga a resituarse
a todos los actores económicos y políticos en el actual contexto, el del
nacimiento de un oligopolio inmobiliario de la banca, y sus consecuencias sociales en
forma de masivos lanzamientos de las familias de sus viviendas.
El sector conservador elabora un precipitado discurso de
rechazo por atacarse la propiedad privada como fundamento de nuestro orden económico,
y es preciso señalar que la norma afecta tan sólo al uso de dicha propiedad
temporalmente, tres años, y para situaciones excepcionales de familias que
perciban en torno a los quinientos euros mensuales, exigiendo buen número de
requisitos. La propiedad, como derecho, queda intacta. Solo se afecta su uso, y
eso permite presupuestariamente abonar su justiprecio, situado sobre un
porcentaje del importe de adjudicación del bien en subasta.
Se obliga a destinar el parque de viviendas de las empresas a
su uso efectivo, salvando la segunda residencia de personas físicas y las
turísticas. Persiguiendo un aumento exponencial de la oferta para con el efecto
de reducción del precio, satisfacer a la inmensa demanda.
Como objetivo se persigue igualmente liberar al conjunto de
la clase media de satisfacer su necesidad de vivienda a través del acceso a la
propiedad, y su financiación mediante préstamo hipotecario.
Incentiva el Decreto Ley con medidas fiscales a las personas
físicas, por otra parte, para destinar sus viviendas al mercado del alquiler,
que se quiere protagonista frente al de propiedad. La dificultad provendrá del concepto jurídico de vivienda abandonada,
y de no caber sólo al responsable cumplir con la obligación de uso efectivo, sino requerir una
respuesta de los demandantes de vivienda en forma de contrato de alquiler, por
lo general. Lo que originará problemas de interpretación de la norma sobre el cumplimiento
de dicho deber y su exigencia.
La norma parte de entender que el acceso a la vivienda
representa un problema de primer orden para una amplia mayoría, y afecta a
capas de población de distinta capacidad económica, por las medidas
diferenciadas que contempla. Esto es, contempla medidas tanto para la clase
media como para estratos sociales con menor capacidad económica.
Y es aquí donde busca su fundamento constitucional que
arranca de la competencia exclusiva en materia
de vivienda de Andalucía, que avala a la CCAA que es parte del Estado,
para incidir y ofrecer una reinterpretación del contenido esencial del derecho
constitucional de propiedad privada, que lleva inserto la función social a la
que ha de servir el derecho.
La propiedad privada de las viviendas conforma un derecho
constitucional pero al tiempo impone a sus propietarios unos deberes,
igualmente constitucionales, como la obligación de su conservación y el deber
de ponerlas al servicio de su destino natural, su uso como vivienda.
Por ello dicha reinterpretación del derecho constitucional de
vivienda exige que ésta sea activo económico en la medida en que sea compatible
con dichos deberes constitucionales. Porque el acceso a la vivienda, sostiene
el proyecto de vida de las personas y los derechos humanos inviolables que les son inherentes, y constituyen el fundamento del orden político y la paz social.
Imponiendo también esto la Constitución como valor superior de nuestro
ordenamiento jurídico.
La realidad social de nuestro tiempo es criterio de
interpretación de la norma, incluida la Constitución, y ésta actualmente exige
interpretar un concepto constitucional
de propiedad privada de las viviendas en el que alcance mayor relieve el valor
de uso en detrimento de su valor de cambio; dado que el mercado ha
rebasado límites infranqueables para el orden constitucional, y por ello ha hecho
perder al libre intercambio económico su carácter de instrumento social, convirtiéndolo
en causa del deterioro de la sociedad.
Es preciso que el mercado se reconduzca y permita hacer
accesible a la inmensa mayoría el derecho a la vivienda. Sólo ese estado de
cosas logrará liberar las obligaciones
de destino de la propiedad privada que impone el Decreto Ley, por no afectar ya
a los derechos sociales. Porque el Derecho y la Constitución son algo vivo que
regula y resuelve los conflictos sociales, políticos y económicos de un país.
Observamos llamadas del Ministro de Justicia al principio de
igualdad de derechos y deberes constitucionales como fundamento de
"ataque" a la norma vía Conflicto de Competencia, más que de
Recurso de Inconstitucionalidad, invocando su competencia del 149.1.1º (la
garantía de igualdad en todo el Estado del acceso a los derechos y cumplimiento
de los deberes constitucionales), y hemos de reiterar que la norma no afecta al
derecho de propiedad, sino que reelabora el concepto de su funcional social sobre
la realidad social actual, afectando sólo al uso de la propiedad, no a la propiedad como derecho real, para buscar la finalidad última de garantizar la
convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo, como
reclama el Preámbulo de nuestra Constitución.
Porque es la sociedad la razón última de las normas, y a su
servicio han de estar las que configuran el orden político y económico que
democráticamente decide darse la mayoría electoral. Ya
saben, aquello que parte de la Revolución Francesa y llega hasta nuestros días;
la Ley emana del pueblo. Thatcher, trató de imponer también un nuevo orden resumido
en su máxima "No existe la sociedad. Existen individuos". Descanse en
paz.
La propiedad privada no puede ya obedecer al concepto romano de usar y abusar de lo que me pertenece, que cuando es inmueble alcanza desde las entrañas del infierno hasta lo más alto del cielo. Descansen también los guardianes de ese concepto constitucional de propiedad.
La propiedad privada no puede ya obedecer al concepto romano de usar y abusar de lo que me pertenece, que cuando es inmueble alcanza desde las entrañas del infierno hasta lo más alto del cielo. Descansen también los guardianes de ese concepto constitucional de propiedad.
viernes, 5 de abril de 2013
miércoles, 3 de abril de 2013
IMPUTAN A LA INFANTA CRISTINA
ANÁLISIS SOMERO DEL AUTO DE IMPUTACIÓN
La cuestión fundamental es que el Magistrado nada y guarda la ropa. El título de imputación lo fundamenta en que aún entendiendo a
quien critique el auto (sabe que lo va a leer media España) por no tener
fundamento ninguno de los hechos aducidos para imputarla, por el conjunto de
los mismos la imputa para que "estando próxima la finalización de la
instrucción" no quede ninguna sombra ni de imparcialidad en Ssª ni de
sospecha en S.A.R.
El hecho fundamental es que al consentir figurar con su cargo
en el panel de miembros de NOOS, esto es como S.A.R., ello puede considerarse
que tiene la finalidad de dar cobertura a las actividades de la entidad aún
cuando no conozca los hechos y actividades de NOOS constitutivas de delito.
Y para extraer dicha conclusión, toma un hecho indiciario de
los más de 46.000 folios de actuaciones. El hecho consiste en que en uno de los
documentos de promoción del Instituto Noos, se corrigió el cargo del Sr.
Revenga (asesor de las Infantas) cambiando el citado entre parentesis por el de
Asesor de la Casa de S.M. El Rey. Pero lo paradójico es que estableciendo el
paralelismo con la actuación del Sr. Revenga, a éste no se le imputa, pero si a
la Infanta Cristina.
Y concluye señalando que la imputación tiene todas las
posibilidades procesales abiertas, desde el sobreseimiento para la Infanta,
como la formulación de acusación para su procesamiento, conforme a las conclusiones
que se extraigan de su declaración fijada para el día 27 (sábado) de abril,
debido al fuerte despliegue policial que tendrá que organizarse.
Dejando la puerta abierta a la imputación en dos hechos a los
que apunta, para justificar el impacto que tendrá como consecuencia la
imputación (la imagen de un miembro de la Casa Real bajando la cuestecita de
los juzgados insulares) y que son, la condición de autorizada de la Infanta en
una cuenta en la que su marido realiza ingresos por cantidades percibidas por
la actividad que es objeto de investigación; y por otra parte, el hecho de
firmarse un Convenio del Instituto Noos en el Palacio de Marivent, quedando
pendiente de probar el hecho indiciario de que otro Convenido en el que
intervino Rita Barberá, se suscribiera en el Palacio de la Zarzuela, y esto
último, deja la puerta abierta a extrapolar el conocimiento de las actividades
de Noos a otros miembros de la Casa Real, incluido el Rey.
Sobre el primer hecho que pudiera apuntar a sostener una
acusación contra la Infanta, el Magistrado avanza un precedente jurisprudencial
del Tribunal Supremo. La Sentencia 717/2009, dando el Alto Tribunal encuentra
plausible la imputación de una esposa, por el hecho de ser autorizada en una
cuenta bancaria de una actividad empresarial del marido, donde éste realizaba los
ingresos de dicha actividad sin justificación; por lo que eran dicha actividad y su marido objeto de persecución penal. El TS encuentra fundamentado la condena de la
esposa por el hecho de que su condición de autorizada le permitía estar al
tanto de los ingresos, y por ello, "que
consentía dicha situación es conclusión de toda razonabilidad".
La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que recurrirá el Auto
de imputación.
Es en el Fundamento de Derecho Sexto, donde se sitúa el
nudo gordiano del razonamiento del Magistrado, páginas 15 y siguientes del Auto que insertamos a continuación. 
El hecho fundamental es que al consentir figurar con su cargo
en el panel de miembros de NOOS, esto es como S.A.R., ello puede considerarse
que tiene la finalidad de dar cobertura a las actividades de la entidad aún
cuando no conozca los hechos y actividades de NOOS constitutivas de delito.
Y para extraer dicha conclusión, toma un hecho indiciario de
los más de 46.000 folios de actuaciones. El hecho consiste en que en uno de los
documentos de promoción del Instituto Noos, se corrigió el cargo del Sr.
Revenga (asesor de las Infantas) cambiando el citado entre parentesis por el de
Asesor de la Casa de S.M. El Rey. Pero lo paradójico es que estableciendo el
paralelismo con la actuación del Sr. Revenga, a éste no se le imputa, pero si a
la Infanta Cristina.
Y concluye señalando que la imputación tiene todas las
posibilidades procesales abiertas, desde el sobreseimiento para la Infanta,
como la formulación de acusación para su procesamiento, conforme a las conclusiones
que se extraigan de su declaración fijada para el día 27 (sábado) de abril,
debido al fuerte despliegue policial que tendrá que organizarse.
Dejando la puerta abierta a la imputación en dos hechos a los
que apunta, para justificar el impacto que tendrá como consecuencia la
imputación (la imagen de un miembro de la Casa Real bajando la cuestecita de
los juzgados insulares) y que son, la condición de autorizada de la Infanta en
una cuenta en la que su marido realiza ingresos por cantidades percibidas por
la actividad que es objeto de investigación; y por otra parte, el hecho de
firmarse un Convenio del Instituto Noos en el Palacio de Marivent, quedando
pendiente de probar el hecho indiciario de que otro Convenido en el que
intervino Rita Barberá, se suscribiera en el Palacio de la Zarzuela, y esto
último, deja la puerta abierta a extrapolar el conocimiento de las actividades
de Noos a otros miembros de la Casa Real, incluido el Rey.
Sobre el primer hecho que pudiera apuntar a sostener una
acusación contra la Infanta, el Magistrado avanza un precedente jurisprudencial
del Tribunal Supremo. La Sentencia 717/2009, dando el Alto Tribunal encuentra
plausible la imputación de una esposa, por el hecho de ser autorizada en una
cuenta bancaria de una actividad empresarial del marido, donde éste realizaba los
ingresos de dicha actividad sin justificación; por lo que eran dicha actividad y su marido objeto de persecución penal. El TS encuentra fundamentado la condena de la
esposa por el hecho de que su condición de autorizada le permitía estar al
tanto de los ingresos, y por ello, "que
consentía dicha situación es conclusión de toda razonabilidad".
La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que recurrirá el Auto
de imputación.
Es en el Fundamento de Derecho Sexto, donde se sitúa el
nudo gordiano del razonamiento del Magistrado, páginas 15 y siguientes del Auto que insertamos a continuación.
TEXTO INTEGRO
AUTO DE IMPUTACION DE LA INFANTA CRISTINA.
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